Mollà ve positiva una gestión eficaz de los residuos, pero exige un emplazamiento alternativo que evite riesgos a la ciudadanía
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha solicitado hoy a la consellera de Infraestructuras y Medio ambiente, Isabel Bonig, que “aclare si el Gobierno valenciano aprobará la planta de tratamiento de aguas contaminadas que la empresa Marpol quiere construir en el puerto de Alicante, una infraestructura que podría provocar problemas para la salud de los vecinos de los barrios sur de la ciudad y para los estudiantes del colegio Benalúa”.
Mollà ha explicado que “es una buena noticia que se gestionen de manera eficaz las aguas contaminadas por vertidos, pero el problema es que la planta -tanto para el volcado como para el tratamiento- sea construida a escasos metros de barrios como San Gabriel, Benalúa, Gran Vía Sur y la zona Ensanche-Autobuses”.
“En este sentido, pedimos a la consellera de Medio Ambiente que se deniegue la Autorización Ambiental Integrada a la empresa, puesto que es el único trámite que le faltas para poner en marcha la construcción, después de que la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, representado en el consejo de administración de este organismo, hayan dado el visto bueno a una planta que en ningún otro puerto de España se encuentra tan próxima en zonas residenciales”, ha apuntado la diputada de Les Corts.
Mollà ha asegurado que “a lo que se tiene que dar prioridad es al bienestar y a la salud de los vecinos de los barrios sur de Alicante y, por lo tanto, desde Compromís pedimos que se busque un emplazamiento alternativo, una ZAL alejada de los cascos urbanos, que acoja esta planta de tratamiento de aguas residuales, un proceso que, por otro lado, es básico para limpiar esta zona del mar expuesta a los vertidos de los barcos”.
Por su parte, el responsable de Medio Ambiente de Compromís per Alacant, Luís Falcó, ha lamentado que “tanto la Autoridad Portuaria como el equipo de gobierno del PP hayan aprobado la planta sin atender las peticiones de los vecinos, que les hicieron llegar más de 1.500 alegaciones, firmadas por particulares, asociaciones y partidos políticos, entre los que se encontraba Compromís”.
“Al mismo tiempo, exigimos a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que requiera la licencia ambiental a la empresa, puesto que no puede ser que ante una construcción que puede repercutir negativamente a los vecinos de la ciudad, el Ayuntamiento se desentienda del asunto”, ha añadido Luis Falcó.