La diputada de Compromís Mireia Mollà ha afirmado hoy que “la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, todavía no ha podido desmentir que el planeamiento urbanístico de la ciudad se redactara a partir de intereses privados, en lugar de guiarse por las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Mollà ha señalado que “más allá del proceso judicial, los vecinos de Alicante han conocido conversas muy reveladoras sobre esta pieza del caso Brugal, que evidencian que el PGOU se cocinó a bordo de un barco y se merecen explicaciones sobre ello”.
“Un plan general, debido a su importancia, tendría que haber seguido un proceso totalmente transparente y haber contado con los agentes sociales para su redacción, sin embargo en el caso de Alicante nos encontramos con que los gobernantes locales han preferido reuniones privadas con empresarios y han desarrollado un proceso opaco, que finalmente ha tenido que ser investigado por la justicia”, ha añadido.
La diputada de Compromís ha explicado que “si Castedo y el resto del PP hubieran hecho las cosas correctamente, no hubieran tenido miedo de abrir una comisión de investigación en Les Corts para aclarar cómo se ha elaborado este PGOU, como pidió Compromís, pero se negaron a hacerlo”.
“Las múltiples y graves irregularidades descubiertas en la redacción del plan hacen necesario que la Generalitat lo paralice, como ya hemos exigido en numerosas ocasiones”, ha continuado Mollà, que ha recordado que “además de Castedo, su predecesor, Luis Díaz Alperi, que en la actualidad es diputado en Les Cortes, también está acusado por el fiscal Anticorrupción por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y soborno en este caso y, por lo tanto, también tiene que dar explicaciones al respecto”.